Adorni-gate: El blindaje y la calesita

La semana política argentina quedó capturada en una sola imagen: un recinto de Diputados con...

La semana política argentina quedó capturada en una sola imagen: un recinto de Diputados con 117 legisladores sentados donde hacían falta 129. Doce bancas vacías que bastaron para que el oficialismo impidiera la sesión especial convocada para interpelar y votar una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. No fue un accidente ni una casualidad. Fue una operación pactada entre La Libertad Avanza, el PRO y la UCR para ganar tiempo, desviar la discusión a la comisión de Asuntos Constitucionales y evitar que el Congreso ejerza una facultad que le otorga expresamente el artículo 101 de la Constitución Nacional. El presidente de la Cámara, Martín Menem, ejecutó la maniobra con la eficiencia de un relojero: instruyó a Nicolás Mayoraz para convocar a una reunión informativa de comisión recién para el 30 de junio, pateando el problema hacia adelante. Sin fecha de dictamen, sin compromiso de resolución.
La paradoja es estruendosa. Los mismos bloques que sacaron comunicados públicos exigiendo la renuncia de Adorni, que declararon en los medios que su continuidad era insostenible, que hablaron de inconsistencias patrimoniales y de mentiras al Congreso, fueron los que vaciaron la sesión para que nada de eso se vote. El radical Pablo Juliano lo dijo con la crudeza que la situación amerita: si te hacés llamar radical, tenés que estar acá. Pero no estuvieron. Ni los radicales que responden al sector de Rodrigo de Loredo, ni los diputados del PRO que siguen las instrucciones de Macri, ni Innovación Federal. Todos dijeron una cosa en las redes y otra en el recinto. El diputado Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria, resumió la jugada sin anestesia: es una maniobra dilatoria para encubrir al jefe de Gabinete.

El escándalo Adorni lleva ya catorce semanas desde que una foto en el avión presidencial destapó un universo de inconsistencias patrimoniales que todavía no tiene fondo. El fiscal Pollicita avanza con medidas de prueba que buscan reconstruir los ingresos reales del funcionario y su esposa desde 2012. La rectificación de las declaraciones juradas incorporando aproximadamente quinientos mil dólares previamente no declarados, atribuidos entre otras cosas a inversiones en criptomonedas, y la adhesión al régimen de Inocencia Fiscal convirtieron una herramienta del propio Gobierno en un boomerang político. Es el jefe de Gabinete de un Presidente que proclama la moral como política de Estado utilizando un blanqueo diseñado por su administración para evitar que la AFIP mire su patrimonio. Lo dijo La Nación sin ambigüedades: el caso Adorni es un papel de tornasol de un sistema de corrupción más amplio que incluye la Fundación Faro y una red de contratos y favores que se ramifica hacia empresarios, familiares y operadores políticos del propio oficialismo.

Milei, mientras tanto, gobierna en modo conferencia internacional. La agenda de la semana que viene lo lleva al evento de la Israel Allies Foundation en Buenos Aires el domingo 29, donde compartirá escenario con el senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato presidencial contra Lula, en un gesto de alineamiento ideológico que ya no disimula. Al día siguiente viajará a Asunción para la cumbre del Mercosur, la primera tras la entrada en vigor provisional del acuerdo con la Unión Europea que Argentina ratificó en febrero con apoyo transversal, incluidos 43 votos del peronismo en Diputados. Y después volverá a Estados Unidos para los festejos del 4 de julio. La política exterior argentina se ha convertido en una gira permanente donde el Presidente habla ante inversores, banqueros y fundaciones, mientras el frente interno arde con una crisis institucional que no logra apagar.
Porque el caso Adorni no es solo un problema de un funcionario. Es un test para la arquitectura de poder que el Gobierno construyó en el Congreso. La Libertad Avanza gobierna con una minoría parlamentaria que sobrevive gracias a los bloques dialoguistas, y esos bloques ya llegaron a su límite de tolerancia.
El PRO dio un paso llamativo: tras ayudar a voltear el quórum en Diputados el martes, presentó el miércoles un pedido formal para interpelar a Adorni en el Senado el 2 de julio. La propia Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista en la Cámara alta y una de las primeras en pedir explicaciones, aceptó que se vote la interpelación. Es un juego de doble vía: proteger al jefe de Gabinete en una Cámara mientras se lo expone en la otra, midiendo el costo político en tiempo real. Si Adorni no convence en el Senado, la moción de censura dejará de ser una amenaza retórica para convertirse en una posibilidad concreta. Y ahí Milei tendrá que decidir si sostiene a un funcionario que ya nadie quiere defender o si corta la hemorragia antes de que le alcance los pies.

En el fondo, lo que se juega en esta calesita parlamentaria es algo más grande que la suerte de un jefe de Gabinete. Se juega la credibilidad de un Gobierno que llegó al poder denunciando a la casta y que hoy utiliza las mismas herramientas de la casta —el blindaje legislativo, la dilación procesal, el pacto entre bloques para vaciar sesiones— para proteger a uno de los suyos. Y se juega también la capacidad del sistema político de funcionar como contrapeso del poder. La Constitución prevé la moción de censura como un instrumento excepcional. Nunca se usó en la historia argentina. Que no se haya usado no significa que no deba usarse cuando las circunstancias lo justifican.