Afuera: Destituyen a psicólogo municipal tras denuncias por inconducta en la atención de menores

El gobierno municipal formalizó la expulsión d...

El gobierno municipal formalizó la expulsión del psicólogo Diego Raúl Fava de su cargo en el sistema público de salud, tal como figura en el boletín oficial de agosto. Si bien la decisión fue tomada el mes pasado y rubricada a través de la Resolución Nº 93/2026, marca el final de un sumario administrativo iniciado en marzo de este año, luego de que la madre de una paciente menor de edad denunciara irregularidades y gravedad funcional durante las sesiones terapéuticas de su hija.
El proceso investigativo, que incluyó la suspensión preventiva del psicólogo, no se limitó a evaluar un episodio aislado. La instrucción del sumario dio paso a una recopilación de pruebas testimoniales provenientes de médicos, colegas psicólogos y personal administrativo de la Junta Evaluadora de Discapacidad, área donde el profesional cumplía funciones. Los testimonios recabados por las autoridades revelaron un patrón de comportamiento sostenido que fue catalogado como incompatible con la función pública. Los testigos describieron un ambiente laboral tensionado por actitudes de soberbia, descalificación hacia otros miembros del equipo médico y serias dificultades para sostener un trabajo interdisciplinario.
En cuanto al trato con los pacientes, el expediente destaca el uso de formas comunicacionales impropias por parte del profesional. Se documentaron prácticas caracterizadas por una excesiva autorreferencialidad y la introducción constante de aspectos de su vida privada durante las evaluaciones de salud. La gravedad de la situación había escalado al punto de generar múltiples quejas en la Dirección de Discapacidad, donde numerosos vecinos solicitaban de manera expresa no ser atendidos por este profesional.
Si bien la defensa del ex agente argumentó la falta de pruebas directas sobre el incidente inicial y apeló a su trayectoria sin antecedentes disciplinarios, tanto la Junta de Disciplina como la Asesoría Legal y Técnica desestimaron estos recursos. Las autoridades determinaron que el conjunto de pruebas confirmaba una afectación directa a la confianza pública, al servicio de salud y a la integridad emocional de pacientes en situación de vulnerabilidad.
Bajo la figura legal de inconducta notoria, estipulada en el Convenio Colectivo de Trabajo municipal, la intendenta dispuso la expulsión, estableciendo un límite frente a conductas que vulneran los principios de reserva, respeto y contención exigidos a los profesionales del área.