Diputados: Sesión por Inocencia Fiscal y carta orgánica BCRA

La Cámara de Diputados sesiona hoy al mediodía para tratar dos proyectos que el Gobierno con...

La Cámara de Diputados sesiona hoy al mediodía para tratar dos proyectos que el Gobierno considera centrales, y conviene mirar la jornada por lo que efectivamente está en discusión. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación de la Inocencia Fiscal se votan juntas, y aunque la crónica va a concentrarse en el recuento de manos levantadas, el asunto de fondo excede al resultado de esta tarde.
La reforma del Banco Central le deja a la autoridad monetaria un único mandato, que es preservar el valor de la moneda, y prohíbe el financiamiento del Tesoro, de las provincias y de los municipios. Endurece además las condiciones para remover a sus autoridades. El Presidente la definió como la iniciativa más importante de esta etapa de su gestión, y la defensa oficial se apoya en un argumento empírico que tiene peso. Los economistas invitados por el oficialismo al plenario de comisiones sostuvieron que en países cuyos bancos centrales operan sin interferencia política la inflación mensual promedio de la última década se ubicó en torno al 0,4 por ciento, mientras que en la Argentina rondó el 4,2 por ciento. La conclusión que extraen es directa. Si la emisión discrecional destruye el salario, corresponde clausurar institucionalmente la vía.

La objeción principal no discute ese diagnóstico. Discute su alcance. Quienes rechazan el proyecto plantean que una ley de estas características ata las manos del Estado y condiciona la gestión de las administraciones futuras, y ese es un reproche de naturaleza distinta al económico. Toda ley obliga a los gobiernos que vienen, desde luego, y la respuesta obvia es que una mayoría posterior siempre puede derogarla. Pero el proyecto agrega dos capas que vuelven esa respuesta menos evidente. Endurece la remoción del directorio, de modo que una administración entrante hereda autoridades que no designó y a las que no puede desplazar con facilidad. Y suma consecuencias penales asociadas a la emisión, con lo cual el incumplimiento deja de ser una diferencia de criterio económico y pasa a ser un delito. Informes técnicos difundidos tras el anuncio señalaron que el esquema resultaría más restrictivo incluso que el peruano, que es la referencia que el propio Gobierno invoca.
Ahí está la pregunta que la sesión de hoy no va a formular en voz alta y que sin embargo la atraviesa. Hasta dónde puede una mayoría legislativa de un momento determinado sustraer una materia de la deliberación futura. Es una pregunta vieja del constitucionalismo y no tiene respuesta unívoca. Las constituciones existen precisamente para poner ciertas decisiones a resguardo de las mayorías circunstanciales, y nadie considera eso un déficit democrático. La discusión razonable pasa por cuáles materias merecen ese resguardo y con qué mayorías se decide otorgarlo. Un país que convivió durante décadas con la emisión como recurso fiscal tiene motivos para querer blindarse. Un país que cambia de rumbo económico cada doce años tiene motivos para desconfiar de los blindajes. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo, y esa es exactamente la razón por la cual el debate merecía más que una jornada.

El segundo proyecto del temario tiene una tensión propia, menos filosófica y más concreta. La ampliación de la Inocencia Fiscal busca que los dólares que están fuera del sistema entren al circuito formal, y para eso necesita ofrecer garantías. El problema es que cada garantía adicional y cada restricción a las facultades de fiscalización abren una ventana frente al lavado. El titular de la Unidad de Información Financiera respondió a esa objeción desplazando el foco. Sostuvo que el riesgo no está en la tenencia de efectivo por parte de quien ahorró trabajando, sino en el funcionamiento de la economía informal, que mantiene una masa enorme de dinero fuera de todo monitoreo. El argumento es atendible y también incompleto, porque describe el problema que la ley quiere resolver sin explicar por qué la solución elegida no genera uno nuevo.
El oficialismo ya pagó un precio en ese frente. Después del caso Adorni, y a pedido de sus propios aliados, aceptó que los funcionarios de los tres poderes queden excluidos de la exteriorización de los dólares no declarados. La concesión mejora el proyecto y al mismo tiempo revela el punto débil de origen. Un régimen que hubo que corregir para impedir que lo usaran los propios funcionarios difícilmente pueda presentarse como una simple simplificación administrativa.

Queda un dato que ninguna de las coberturas nacionales cruzó y que vale registrar. La semana en que el Congreso vota la ley destinada a consagrar la estabilidad monetaria es la misma en que el dólar mayorista tocó su máximo nominal, cerrando el lunes en mil quinientos diez pesos tras una suba atribuida a señales del Banco Central sobre liquidez y tasas. No hay contradicción automática entre una cosa y la otra, porque una reforma institucional opera sobre plazos largos y el mercado cotiza expectativas de corto. Pero la coincidencia obliga a una precisión que en el recinto va a faltar. Ninguna carta orgánica, por bien redactada que esté, sustituye a la confianza. La ley puede impedir que el Estado se financie con emisión. No puede obligar a nadie a creerle.
El Gobierno llega a la votación con una aritmética prestada. Su bloque no reúne por sí solo el quórum y necesita más de treinta voluntades ajenas, que consiguió incorporando propuestas de la Unión Cívica Radical, del PRO, de Innovación Federal y de Provincias Unidas. Llega además con un antecedente reciente en contra, porque la semana previa al dictamen sufrió un traspié en el Senado con la ley de Tierras. Eso convierte la sesión en dos pruebas superpuestas. Una es sobre el contenido. La otra, sobre si la coalición legislativa que el oficialismo armó a fuerza de concesiones todavía responde.