El capítulo que nadie les contó

Seis artículos sobre discapacidad metidos en el Presupuesto 2027 a...

Seis artículos sobre discapacidad metidos en el Presupuesto 2027 abrieron la primera fractura seria del oficialismo en la antesala del año electoral. Hoy se juega en comisión el primer round.

Por Redacción Extra Digital

Los presupuestos suelen ser leyes aburridas. Se discuten cifras, se negocian partidas con los gobernadores y, con suerte, se aprueban antes de fin de año sin que nadie fuera del Congreso se entere demasiado. El de 2027 prometía ser así. Duró una semana.
El problema estaba en el Capítulo VI, del artículo 36 al 41. Ahí, entre números de gasto y proyecciones macroeconómicas, el Poder Ejecutivo incluyó una reforma de fondo sobre el sistema de discapacidad. Derogaba parcialmente la ley de emergencia vigente, reemplazaba el enfoque de derechos por un criterio de invalidez laboral, quitaba al certificado único de discapacidad su carácter de puerta de acceso directo a las prestaciones, volvía incompatible la pensión con el empleo formal y eliminaba los aranceles de referencia del nomenclador, dejando a las familias libradas a negociar una por una con las obras sociales.
Nada de eso es un detalle técnico. Es una reforma que en cualquier otro contexto habría merecido un proyecto de ley propio, con debate propio. Meterla en el Presupuesto tenía una lógica evidente: que se votara en paquete, junto con todo lo demás, sin que nadie tuviera que levantar la mano específicamente para recortarles a las personas con discapacidad.
El cálculo falló por donde menos se esperaba. No fue la oposición la que dio la primera voz de alarma, sino la propia jefa del bloque oficialista en el Senado. Patricia Bullrich se quejó en público de no haber sido informada del contenido y resumió el problema en una frase que no necesita traducción: cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, llega al Congreso y le dicen que está engañando. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, también recibió el texto sin conocer los cambios.

Detrás del enojo hay algo más que una cuestión de modales. Hay dos gobiernos conviviendo dentro de uno. El que diseña los números desde el Palacio de Hacienda, con la lógica del superávit como regla innegociable, y el que tiene que salir a conseguir los votos en un Congreso donde el oficialismo no tiene mayoría propia. Cuando el primero decide sin avisarle al segundo, el que queda expuesto frente a los aliados es el que pone la cara. La reacción fue rápida.
El jueves pasado el Gobierno retrocedió y anunció un ajuste consensuado con los aliados. El PRO, la UCR y los bloques provinciales habían dejado claro que ese capítulo no pasaba. La nueva versión mantiene la compatibilidad de la pensión con el empleo hasta dos salarios mínimos, sostiene aranceles universales y actualiza el nomenclador por inflación, aunque cada dos meses en lugar de cada mes. En el medio renunció el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, por razones que él mismo calificó de estrictamente personales. El momento, en todo caso, habla solo.
Y el lunes Karina Milei suspendió un viaje a los Estados Unidos para encabezar en Casa Rosada una reunión de la mesa política con Diego Santilli, Bullrich, Menem y Santiago Caputo, entre otros. Faltó el ministro de Economía, que estaba en la Asamblea de las Naciones Unidas. Cuando la secretaria general de la Presidencia cancela una agenda internacional para ordenar la tropa, es que la tropa estaba desordenada. La oposición olió sangre y avanzó con un proyecto para prorrogar un año la emergencia en discapacidad, que vence el 31 de diciembre. El oficialismo responde con la promesa de una norma superadora que establezca protecciones permanentes sin necesidad de emergencia. Hoy, en las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto de Diputados, se mide cuál de las dos propuestas consigue dictamen de mayoría. Mientras tanto, PRO y UCR siguen reclamando un cronograma de pagos para los prestadores, que acumulan atrasos desde principios de mes.
Hay una lección política que excede el tema. El Gobierno llegó a este punto con un capital que pocos le discutían: la disciplina fiscal y la capacidad de imponer agenda. Lo que muestra esta semana es que esa capacidad tiene un límite, y que el límite no lo pone la oposición sino la propia coalición que lo sostiene en el Congreso. Los aliados acompañan el ajuste en general. Lo que no están dispuestos a acompañar es un ajuste que se esconde en un capítulo y que después tienen que explicarles a sus votantes en un año electoral.
La discusión, además, ocurre en la semana en que otro nombre fuerte del oficialismo, el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, presentó en la Justicia su descargo por enriquecimiento ilícito, y en la que el Gobierno negocia con los gobernadores la suspensión de las primarias. Son tres frentes distintos que tienen una cosa en común: todos se resuelven en el Congreso o en los tribunales, dos lugares donde el discurso de campaña pesa poco y los votos y los papeles pesan mucho.
En una localidad como la nuestra, el tema tiene rostro. Son las familias que dependen de una pensión, de un transportista que cobra tarde o de una terapia que se interrumpe cuando el prestador deja de atender porque no le pagan. Para ellas el Capítulo VI nunca fue una discusión técnica sobre el nomenclador. Fue la posibilidad concreta de perder lo poco que tenían resuelto. Esta semana, por ahora, la ganaron. No por la oposición ni por la protesta, sino porque alguien dentro del propio gobierno se enteró tarde y se enojó a tiempo.