La semana en la cual el gobierno no pudo controlar el relato

Por Redacción Extra Digital El viernes cerró una semana en la que el Gobierno nacional acumul...

Por Redacción Extra Digital

El viernes cerró una semana en la que el Gobierno nacional acumuló una victoria legislativa, una mala noticia económica y una protesta gremial que volvió a poner en escena la pregunta que el oficialismo prefiere no responder: ¿quién paga el ajuste?
En el plano político, la sesión del Senado del miércoles 4 de junio le dio a Javier Milei un resultado que celebró con entusiasmo: la Cámara alta aprobó 74 acuerdos para designaciones judiciales, junto con la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un arreglo con holdouts por 171 millones de dólares, saldo pendiente de la crisis de 2001. El Presidente calificó los pliegos como «el inicio de la reconstrucción de la Justicia». Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de turbulencias internas. La incorporación del pliego de la candidata Michelli —cuestionada por sectores de la propia coalición oficialista— evidenció fisuras dentro del bloque de La Libertad Avanza que la Casa Rosada prefirió minimizar. La ley de propiedad privada, por su parte, llegó al recinto considerablemente recortada respecto del proyecto original: desaparecieron capítulos enteros referidos a barrios populares, se aliviaron las normas de desalojo exprés y se amplió la injerencia de los gobernadores sobre tierras rurales. Una victoria, sí, pero negociada.
En el frente económico, el panorama que dibujaron los datos del viernes no acompañó el optimismo oficial. La OCDE recortó su proyección de crecimiento para la Argentina a 2,8% —un recorte de 1,6 puntos porcentuales frente a estimaciones previas— y elevó la inflación esperada para el año a alrededor del 31%, cifra que contrasta frontalmente con la meta del 10,1% incluida en el Presupuesto. En la misma línea, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central proyecta que el dólar mayorista cerrará 2026 cerca de $1.658, mientras el oficial cotizó este viernes a $1.455 y el blue a $1.435. El consenso privado reconoce avances en el frente fiscal y cambiario, pero advierte que la velocidad de la recuperación decepciona. En síntesis, los fundamentos mejoran, pero la vida cotidiana todavía no lo refleja.
Esa tensión entre los números macro y la experiencia concreta de los trabajadores es precisamente lo que ATE puso sobre la mesa este viernes con un paro nacional que incluyó bloqueos en aeropuertos y una concentración frente al Aeroparque. El reclamo es concreto: reapertura inmediata de las paritarias de la Administración Pública Nacional. El gremio sostiene que los aumentos acordados por el Gobierno con UPCN para el período junio 2025/mayo 2026 acumulan una pérdida superior al 44% del poder adquisitivo durante la gestión de Milei. El secretario general Rodolfo Aguiar fue directo: «Ya todos se dieron cuenta de que no había ñoquis y que los recortes no beneficiaron a nadie«. La medida de fuerza se convierte, además, en un nuevo test para la Ley de Modernización Laboral recientemente sancionada, que regula el derecho de huelga en servicios esenciales.
Los tres planos se tocan. El oficialismo puede exhibir logros legislativos y una brecha cambiaria prácticamente cerrada, pero no puede desconectarse de un dato que el sindicalismo instala con creciente eficacia: el ajuste tuvo destinatarios precisos, y esos destinatarios tienen voz. La semana que viene, con el Mundial de fondo y la atención pública parcialmente orientada hacia Kansas City, el Gobierno necesitará que los números sigan acompañando. Por ahora, los organismos internacionales dicen que acompañan, pero más despacio de lo prometido.