Una bandera, un quórum y un presupuesto

Malvinas ordenó el discurso oficial y unió a todos por un rato. Dos días después, ...

Malvinas ordenó el discurso oficial y unió a todos por un rato. Dos días después, el Gobierno vuelve al recinto a negociar con los mismos que lo aplaudieron.

La semana política argentina empezó mirando al Atlántico Sur y termina mirando el tablero del recinto. Entre una cosa y la otra hay menos distancia de la que parece, porque las dos escenas responden a la misma pregunta que atraviesa al Gobierno desde hace meses, que es cuánta iniciativa propia le queda antes de que el calendario electoral se coma todo lo demás.
El jueves pasado, en cadena nacional y rodeado de su gabinete, el presidente Javier Milei anunció una batería de medidas frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion en aguas de Malvinas, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que según el propio mandatario tiene previsto iniciar la explotación offshore en los próximos meses. El paquete tiene tres patas. Un decreto que acelera y endurece los procedimientos sancionatorios contra empresas, directivos, accionistas y proveedores que participen de actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina. Un refuerzo de fondos, por vía de necesidad y urgencia, para la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego. Y un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que amplía el alcance del régimen vigente, impide contratar con el sector público y privado argentino a los infractores, contempla la aplicación del juicio en ausencia cuando corresponda y crea un Consejo de Seguridad Nacional para coordinar Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.

Conviene marcar la distinción, porque en la conversación pública tiende a borrarse. Lo que se firmó por decreto está vigente. Lo que se anunció como proyecto de ley todavía necesita el voto del Congreso y hoy no rige. El andamiaje jurídico sobre el que se apoya el reclamo no es nuevo. La cláusula transitoria primera de la Constitución ratifica la soberanía legítima e imprescriptible sobre las islas y los espacios marítimos correspondientes, y la Ley 26.659 ya sanciona la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental sin habilitación argentina. La novedad de la semana pasa por la intensidad del castigo económico y por el traslado del asunto al terreno de la seguridad nacional. Milei también levantó las declaraciones recientes de Donald Trump sobre una eventual revisión de la posición norteamericana respecto de la disputa, aunque el Departamento de Estado no formalizó hasta ahora ningún cambio ni reconoció el reclamo argentino, un dato que los diarios nacionales se ocuparon de subrayar con prudencia.
El efecto político del anuncio fue inmediato y el Gobierno lo sabe. Malvinas es uno de los pocos temas capaces de ordenar detrás de una misma bandera a oficialismo y oposición, y llega en un momento en el que la Casa Rosada necesita mostrar iniciativa. Milei encabezó el lunes su tercera reunión de gabinete en tres semanas, una dinámica que sus voceros presentan como control de gestión y que sus críticos leen como una manera de disimular la falta de consensos internos. En la mesa política del martes se repitió el temario, con Malvinas, presupuesto y estrategia legislativa como ejes.
Mientras tanto, la aritmética del Congreso corre por otro carril. Los bloques opositores ratificaron para hoy al mediodía la sesión especial en Diputados, con alrededor de cincuenta expedientes en el temario y dos ejes centrales, que son la morosidad de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad de la Ley 27.793 hasta el 31 de diciembre de 2027. La sesión no busca aprobar leyes, sino emplazar a las comisiones para que fijen fecha de dictamen, un mecanismo procedimental que dice bastante sobre la relación de fuerzas. El oficialismo respondió con un cronograma propio en la Comisión de Finanzas que se extiende hasta fin de mes, movida que la oposición calificó de dilatoria en términos poco diplomáticos. La cuenta final tampoco es misteriosa. Con noventa y cinco diputados propios, La Libertad Avanza tiene asegurado el tercio necesario para sostener un veto presidencial, de modo que la discusión real no es si la ley se sanciona, sino cuánto costo político deja el camino.
Los números que empujan esa sesión son incómodos. Un informe del CEPA de junio, elaborado con datos del Banco Central, ubicó la mora bancaria de las familias en 12,8% y la de billeteras virtuales en 30,1%, por encima del pico de la pandemia, con un salto especialmente marcado entre los jóvenes de dieciocho a veinticinco años. Los promotores de la sesión hablan de más de veinte millones de personas endeudadas y alrededor de seis millones en situación de mora. Son cifras que en un partido como el nuestro no necesitan traducción, porque se ven en el mostrador del comercio, en la financiera de la esquina y en la refinanciación que llega con recargo.
La otra fecha del mes es el 15 de septiembre, cuando vence el plazo legal para enviar el Presupuesto 2027 al Congreso. Durante semanas se dio por hecho que el Presidente lo defendería personalmente en Diputados, como en 2024, aunque tras la reunión de gabinete del lunes trascendió que la exposición podría quedar a cargo del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Habrá que esperar la confirmación oficial. Ese mismo día arranca en comisiones del Senado el tratamiento de la reforma electoral, con la eliminación de las PASO, la Ficha Limpia y cambios en el financiamiento partidario, un paquete para el que el oficialismo todavía no tiene los votos garantizados. Las dos discusiones comparten interlocutores, que son los gobernadores, el PRO, sectores del radicalismo y los bloques provinciales, y comparten también la misma moneda de cambio, que son los recursos, la obra pública y los programas para las provincias.
Del otro lado del mostrador, el peronismo sigue sin resolver su interna. Axel Kicillof prepara para el 19 de septiembre un plenario nacional del Movimiento Derecho al Futuro en Villa Domínico, con dirigentes sindicales y organizaciones sociales, en lo que su propio espacio lee como demostración de fuerza. Máximo Kirchner disputa la conducción del peronismo bonaerense, Sergio Massa insiste con el papel de armador de la unidad y Cristina Fernández de Kirchner conserva la centralidad partidaria desde su detención domiciliaria. Coinciden en el adversario y siguen sin coincidir en quién encabeza.
Los indicadores, mientras tanto, dibujan un empate. El INDEC informó una inflación de 2,1% en julio, con 19,3% acumulado en el año y 33,8% interanual, cortando tres meses de desaceleración, y el dato de agosto se conoce esta misma semana. El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella marcó en agosto 2,06 puntos, con una mejora mensual de 6,4% que convive con una caída de 16,5% desde el cierre del año pasado. Hay una economía que baja despacio y un humor social que no termina de acompañar.
En síntesis. Un Gobierno que encontró en Malvinas un tema que lo une con todos y que, dos días después, tiene que negociar en el recinto con los mismos que aplaudieron el discurso. La soberanía sobre el Atlántico Sur y la deuda de la tarjeta conviven en la misma agenda parlamentaria de septiembre. Una es una causa nacional de setenta años. La otra vence el mes que viene.