Rechazo y alerta por el “Proyecto del veneno”

Las asambleas y comunidades del Encuentro de Pueblos Fumigados de ...

Las asambleas y comunidades del Encuentro de Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires rechazan de plano el “Proyecto del Veneno” que se debate en el Congreso —presentado como “presupuestos mínimos” para permitir fumigaciones a 10 m (terrestres) y 45 m (aéreas)— y exigen la anulación urgente de la “Resolución del Veneno” bonaerense 246/2018, que incluso habilita cero metro para aplicaciones terrestres. Denuncian que ambos instrumentos normativos fueron diseñados a la medida del agronegocio y vulneran el art. 41 de la CN y la Ley General del Ambiente (25.675), quebrando los principios de prevención, precaución, progresividad y no regresividad, además de desconocer el Acuerdo de Escazú y la debida diligencia del sistema interamericano.

Se subraya que no existe “grieta” en este punto: oficialismo y oposición protegen el negocio químico mientras los pueblos enferman, el agua se contamina y los ecosistemas colapsan. La evidencia científica independiente describe incrementos de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos, leucemias, linfomas, disrupciones endocrinas y neurológicas, y afecciones respiratorias y genéticas asociadas a la exposición crónica a agrotóxicos. A la vez, la justicia provincial y federal ya fijó estándares muy superiores: la Suprema Corte bonaerense y múltiples juzgados validaron 1.000 m libres de agrotóxicos en áreas urbanas; y en Pergamino se ordenaron 1.095 m en terrestre y 3.000 m en aéreo tras hallarse glifosato en agua y daño genético en población, decisión confirmada en todas las instancias.

Por ello, las asambleas exigen: retiro inmediato del Proyecto del Veneno; derogación de la Resolución del Veneno; adopción de distancias reales de resguardo (≥1.000 m terrestre y ≥3.000 m aéreo); monitoreo obligatorio de todos los principios activos en agua de consumo, biota y usos recreativos dentro del Código Alimentario; y un plan de abandono progresivo de agrotóxicos hacia una transición agroecológica justa con participación popular.

Advierten que cualquier intento de aprobar o prorrogar este andamiaje de impunidad química será judicializado por inconstitucional e inconvencional en fueros locales, federales e internacionales.